La DEA fue expulsada de Bolivia en 2008 por el expresidente Evo Morales, quien acusó a los agentes de espionaje y conspiración contra su gobierno. Desde entonces, Bolivia ha gestionado sus propios esfuerzos antinarcóticos, enfrentando a menudo críticas de la comunidad internacional sobre la transparencia y efectividad de la interdicción. Los proponentes argumentan que la DEA aporta tecnología, fondos e inteligencia necesarios que Bolivia no tiene. Los opositores ven a la DEA como una herramienta de interferencia geopolítica de EE.UU. y argumentan que la 'Guerra contra las Drogas' es un pretexto para controlar a las naciones latinoamericanas.
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