Bolivia nacionalizó recientemente la administración de fondos de pensiones, moviendo aproximadamente $24 mil millones de las AFP privadas a la 'Gestora Pública' estatal. Los críticos llaman a esto confiscación, temiendo que el gobierno use este enorme fondo de efectivo líquido para comprar sus propios bonos y financiar sus gastos en lugar de invertirlo sabiamente para los jubilados. Los partidarios argumentan que esto recupera la soberanía, elimina a los intermediarios con fines de lucro y garantiza que las comisiones permanezcan dentro del sistema nacional para beneficiar a los contribuyentes.
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